ley salma: debate
Un debate necesario.
Desde la Fundación Salma creemos que es necesario construir consensos para poder exigir, de manera coordinada y fundamentada, más recursos y una mejor atención sociosanitaria para la salud mental. Para ello se iniciará una ronda de debates abiertos y públicos en todas las provincias gallegas, a los que se invita a participar a la población en su conjunto, y especialmente a todas las agrupaciones profesionales y asociaciones vinculadas a la salud mental.
Estos debates requieren un clima de colaboración y de crítica constructiva, fundamental para que los poderes públicos se presten a escuchar, y a llegar a acuerdos duraderos para mejorar la salud mental. Deberán servir para identificar con precisión las necesidades actuales, permitiendo así desarrollar las mejoras que requiere el modelo actual.
Evitar que se hable de salud mental de manera abierta contribuye al conformismo y al inmovilismo que favorecen el estancamiento en el desarrollo de políticas y su seguimiento, y redunda en la a falta de espíritu crítico necesario para la mejora de los servicios.
Si no conseguimos hablar con naturalidad, serenidad y rigor sobre salud mental, fuera de los despachos y de los foros cerrados, este área seguirá siendo invisible para muchas prsonas y estaremos contribuyendo a cronificar la estigmatización.
Puntos para el debate
En aras de un debate focalizado, y para promover que los puntos a debatir sean tratados con rigor y pragmatismo, proponemos una serie de temas que consideramos prioritarios, y aclaramos la posición que defiende la ILP para una Ley Gallega de Salud Mental, esperando que estos puntos puedan ser apoyados o rebatidos con argumentos sólidos.
CONSEGUIR UN COMPROMISO PÚBLICO PARA EL LARGO PLAZO
La salud mental es una cuestión de salud pública que afecta a cerca del 25% de la población, y como tal debe ser una tarea de la Administración Pública el abordar sus causas y mitigar sus consecuencias.
El principal objetivo de la ILP es promover el consenso necesario para consolidar una respuesta pública sólida y duradera a las problemáticas específicas de nuestra comunidad autónoma, que palíe las condiciones especialmente desfavorables en las que se encuentra la salud mental en Galicia, y que cubra las necesidades de la población en todo su territorio.
Deberíamos ser capaces de aprovechar el contexto favorable a nivel estatal y europeo (un contexto marcado por la pandemia, que ha visibilizado de manera dramática unos problemas de salud mental que se encontraban latentes), y aprovechar también la mayor concienciación de la población, para desarrollar un proyecto sólido y duradero encaminado a la mejora de la salud mental en Galicia, evitando aproximaciones superficiales y cortoplacistas.
SABER RECONOCER LO QUE HA IDO MAL, PARA PODER HACERLO MEJOR
Se hace imprescindible identificar con precisión las carencias actuales en esta materia. Debemos ser capaces de reconocer qué ha ido mal, para poder hacerlo mejor.
La vaguedad e insuficiencia en alguno de los planteamientos del Decreto 389, así como la falta de desarrollo reglamentario, han llevado a que se consoliden unos servicios deficitarios cuyas consecuencias negativas son palpables (tasas elevadas de suicidios, malas condiciones e insuficiencia de los dispositivos públicos, listas de espera, dependencia generalizada de psicofármacos, sufrimiento invisibilizado…).
Desde nuestra perspectiva, el marco legislativo debe garantizar unos estándares mínimos de servicios públicos que combatan estos déficits, que en nuestra opinión se resumen en los siguientes:
Déficit de personal facultativo que permita la dedicación necesaria, en todas las áreas vinculadas al diagnóstico y el tratamiento, el cuidado, la rehabilitación y a la integración social.
Déficit de infraestructura que permita un circuito de cuidados continuados para las patologías más graves.
Déficit de mecanismos de evaluación y mejora, que permitan el seguimiento continuado para controlar el cumplimiento de los objetivos.
SIN DOTACIONES NO SE CUMPLEN LOS DERECHOS.
En la ILP se ratifican de manera explícita todos los derechos reconocidos nacional e internacionalmente para las personas con problemas de salud mental y las personas con discapacidad. Sin embargo, se pretende ir más lejos, al reconocer además que en la actualidad, sin una dotación sociosanitaria adecuada, tanto a nivel infraestructural como de personal, estos derechos no están siendo respetados de manera completa en nuestra comunidad, y no se están garantizando el acceso a los cuidados sociosanitarios mínimos, a la vivienda o al trabajo dignos para las personas con problemas de salud mental.
EVITAR LA ESCISIÓN ENTRE LO MÉDICO Y LO SOCIAL.
La ILP promueve el reconocimiento del carácter transversal de los problemas de salud mental, cuyas causas y consecuencias se extienden a todas las facetas de la vida de las personas. Su dimensión bio-psico-social obliga a tratarla con una perspectiva multidisciplinar y coordinada que permita dar una respuesta efectiva a su compleja naturaleza.
El trabajo interdisciplinar (trabajo en equipo, en el que se coordinan los esfuerzos de profesionales especialistas en distintas materias) y la colaboración interinstitucional (implicando a las administraciones públicas que trabajan no solo en el área de la salud, sino también las áreas de bienestar social, la educación o la justicia) son fundamentales para abordar tanto las causas como las consecuencias de las problemáticas de salud mental.
ESPECIAL ACENTO EN LA PREVENCIÓN
El diagnóstico precoz y la atención temprana son fundamentales para combatir el agravamiento y la cronificación de las patologías, y para luchar de forma efectiva contra el suicidio.
Reducir el estigma asociado a estos problemas y hacer más accesibles y efectivos los mecanismos de diagnóstico temprano son los canales que propone la ILP para evitar el empeoramiento. En este sentido, el foco se pone en mejorar la preparación de los centros de atención primaria para atender los problemas de salud mental. Por su cercanía, su arraigo, y por el profundo conocimiento que se tiene de las circunstancias que rodean a las personas, son el entorno perfecto para combatir este estigma y facilitar que la población vinculada se acerque a su centro de salud, en un entorno de confianza, en busca de ayuda.
DESARROLLO DEL SECTOR INFANTO-JUVENIL
La OMS advierte que la mitad de los trastornos mentales aparecen antes de los 14 años. La salud mental en el ámbito infanto-juvenil requiere una planificación y desarrollo urgente y específico, para que los jóvenes de hoy tengan derecho a un futuro digno, y este sector, en toda la cadena que discurre entre lo médico y lo social, se encuentra infradotado en nuestra comunidad.
Se hace imprescindible la colaboración estrecha con la Consellería de Educación, y la implicación de los colegios e institutos para poder prevenir a tiempo y para facilitar la inclusión real en la escolarización y la formación de los niños, niñas y jóvenes con algún problema de salud mental.
Formato de los debates.
Se propone un formato de debate público, abierto a toda la población, que se habrán de celebrar en todas las provincias gallegas. La mesa de debate estará formada por un número limitado de ponentes, los cuales representarán grupos con visiones complementarias sobre la salud mental.
Para garantizar la neutralidad, se designará una entidad organizadora para cada uno de los debates, que se encargará de contactar e invitar a los participantes y de designar a una persona moderadora neutral, encargada de garantizar el respeto mutuo y el respeto al turno de palabra, que será acordada en consenso por el conjunto de participantes de la mesa de debate.
Los debates tendrán una duración de 90 minutos, reservando 15 minutos finales para el turno de palabra y de preguntas a las personas asistentes, y se incluirá un turno de 15 minutos para una exposición final de conclusiones por parte de los componentes de la mesa de debate.
Los debates podrán centrarse en uno o varios de los puntos expuestos en el apartado anterior, a los cuales se podrán incorporar otros nuevos sugeridos por la organización o por el resto de ponentes.
La organización de cada debate podrá ajustar los puntos anteriores a sus criterios específicos, siempre de manera consensuada con los grupos asistentes.